En este episodio, recibimos a Ana Pinto Lepe, una activista española de Andalucía. Ana es cofundadora del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, que defiende los derechos laborales y humanos en el campo mediante la acción sindical, la asesoría y la sensibilización. Su lucha feminista y antirracista por los derechos de las personas jornaleras es una verdadera inspiración, y ha documentado sus acciones en el libro «Abramos las Cancelas», coescrito con su compañera Nazaret Castro.
Buenos días, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida al podcast Tierra y Libertad. Para empezar, ¿puedes presentarte brevemente a nuestros oyentes?
Me llamo Ana Pinto Lepe. Tengo treinta y nueve años y soy de Escacena del Campo, un pueblecito de Huelva de unos dos mil habitantes. El mejor pueblo habido y por haber en la faz de la tierra, estoy muy orgullosa de ello. En Jornaleras de Huelva en Lucha ejercemos una lucha que intenta aglutinar todas las problemáticas que nos encontramos aquí, en nuestro territorio.
¿Cómo entraste en el mundo agrícola y en la producción de fresa?
Entré muy pequeña, no tenía ni la mayoría de edad: empecé a trabajar en el campo a los dieciséis años. Mi familia es toda jornalera. Desde siempre tengo en la memoria ver llegar a mis padres del campo y contar las situaciones que se daban allí, ¿no? Nunca han sido muy buenas. Aquí la gente es así: si no quieres estudiar, te vas a trabajar al campo. Es lo más común cuando tienes esa edad. Ahí me llevé dieciséis años más, lo que se dice media vida trabajando en el campo.
Antes de hablar más de las Jornaleras de Huelva en Lucha, ¿puedes explicarnos brevemente el contexto en Huelva: qué cultivos existían antes y cómo se desarrolló el cultivo de la fresa?
Cuando trabajaba en el campo no tenía ni idea de esta historia. Pero la gente experta que hemos ido conociendo gracias a la lucha, sobre todo sociólogas y antropólogas que han hecho grandes estudios en nuestra provincia, nos cuenta que antes aquí había, de una manera bastante más inteligente que ahora, un cultivo de secano. Hay que tener en cuenta que estamos en un clima mediterráneo: el agua escasea bastante y las temperaturas son muy altas, algo que se está agravando con el cambio climático. Aquí se cultivaba la vid. Los vecinos, abuelos y abuelas de mi pueblo me cuentan que también había mucho cultivo de alcaparra, que prácticamente ya no se conoce aquí. Después hubo una época con mucho olivar, hasta que alguien que fue a California vio cómo funcionaban allí los cultivos de fresa en invernadero. Como aquí tenemos un clima muy similar, con el mismo problema de agua, este modelo aprovechó también el boom de la mal llamada Revolución Verde, que se llamó verde pero fue todo lo contrario.
Esta expansión capitalista y neoliberal de la agricultura y de las cadenas alimentarias se presenta aquí como progreso y crecimiento económico. Pero la realidad es que se ha hecho de la alimentación un negocio, y que se ha implantado un modelo venido de California: cultivos genéticamente modificados, fertilizantes, pesticidas, monocultivo del fruto rojo. Un modelo que no solo nos explota a quienes hemos trabajado ahí, porque se basa en sacar la máxima rentabilidad del producto, sino que también acapara todos nuestros recursos, nuestro patrimonio natural y nuestra agua, los contamina y los exporta. Como bien dice nuestra compañera Nazaret en el libro Abramos las cancelas: cada vez que se exporta una fresa, se está exportando nuestra agua. Todo está enfocado hacia la agroindustria, y los abusos a los trabajadores, así como la contaminación que genera, siempre se intentan camuflar por parte de los diferentes gobiernos.
¿Y más o menos en qué época se desarrolló este sector del cultivo de la fresa?
Según tengo entendido, esto fue sobre los años sesenta. En aquella época, la gente que venía a trabajar al campo era de otros pueblos de Andalucía, sobre todo de Cádiz y de Jaén, y también de Extremadura, donde siempre ha habido pocas alternativas laborales. A principios de los años dos mil hubo un cambio: empezaron a traer mano de obra de Europa del Este. Yo viví ese momento en el campo, acababa de empezar, y me preguntaba de dónde vendrían esas mujeres que llegaban reventadas, sin dormir, con el cuerpo destrozado. Cuando lográbamos comunicarnos pese a la diferencia de idioma, nos contaban que trabajaban de noche en los almacenes de manipulado y después iban al campo de día. Recuerdo que en aquella época nos organizábamos en cuadrilla para echarles un cable, les regalábamos cajas para que no se quedaran muy atrás.
Sobre 2006, según declaraciones oficiales recogidas en distintos medios y estudios de la propia patronal fresera, decidieron que a las rumanas les gustaba mucho salir de fiesta, que llegaban los domingos de resaca al trabajo y que además les quitaban los maridos a las mujeres de los pueblos; hay un informe bastante sólido de nuestra compañera Alicia Reigada sobre este asunto. Entonces decidieron que en los pueblos empobrecidos de Marruecos había mujeres mucho más sumisas que, por su cultura, no les gustaba el alcohol ni la fiesta, y que era una mano de obra preferible. Al final, el contingente de contratación en origen se ha ido llenando cada vez más de compañeras marroquíes, aunque las de Europa del Este también siguen viniendo. En los últimos años también han ampliado la contratación en origen a América Latina, sobre todo Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia y Paraguay, así como a otros países del continente africano como Senegal y Mauritania.
Todo esto que te cuento es sobre la contratación en origen, que empezó en los años 2000. Pero también hay que tener en cuenta que hoy en día parte del sector está compuesta por gente en situación administrativa irregular, que malvive en asentamientos chabolistas construidos con los mismos plásticos de los invernaderos, palets de madera y cartón de las tarrinas de fresa. Anteayer por la noche volvió a arder uno de ellos: sufren incendios cada dos por tres. Son personas explotadas de sol a sol. Aquí existe una ley de extranjería racista que permite que la gente esté tres años en este país sin poder regularizarse. Durante esos tres años forman un sector de mano de obra barata: les pagan mucho menos que a quien tiene papeles, les prometen un contrato a los tres años, que es mentira, y al final los despiden sin que puedan demostrar que han trabajado por no tener papeles. Les venden contratos de trabajo o los hacen trabajar gratis a cambio de la promesa de los papeles.
Este es un poco el esquema con el que nos encontramos, sabiendo siempre que, aunque ya no venga gente de otras provincias de Andalucía o de Extremadura, la mitad de quienes trabajan en el campo de Huelva siguen siendo gente de aquí, de los pueblos. La otra mitad la compone el resto de compañeras y compañeros venidos de otros lugares.
Hay una dimensión de género importante en el cultivo de la fresa, donde se emplea mayoritariamente a mujeres. ¿Puedes explicarnos por qué?
Básicamente, y esto no lo digo yo, lo he leído en los propios informes de la patronal: dicen que las mujeres tenemos las manos más delicadas para recoger un cultivo extremadamente delicado. Aparte del sesgo machista que contienen estas palabras, no es solo eso: se han seleccionado perfiles muy concretos de mujeres migrantes, porque saben que una vez aquí les será más difícil protestar. En el caso de las compañeras de Marruecos, para venir aquí tienes que ser mujer, ser de zonas rurales y no de ciudades, y tener como mínimo un hijo menor a tu cargo o un familiar mayor dependiente. No viene ni un solo hombre. ¿Para qué? Para asegurarse de que vuelva a su país una vez termina la campaña y no se quede aquí. Es la instrumentalización más absoluta de las personas, y en este caso de las mujeres, porque no son más que números, mano de obra barata. Si a mí me dijeran eso para ir a trabajar a otro país, pondría el grito en el cielo y tacharía a ese país de machista. Y sin embargo, esto se conoce desde hace veinte años y todo el mundo lo ve normal. Después nos ponemos la medallita de gobiernos progresistas, feministas, defensores de las mujeres.
Tú misma trabajaste en el campo durante dieciséis años. ¿Cómo evolucionaron las condiciones de trabajo durante ese período?
He vivido distintas épocas. Al principio, a pesar del trabajo duro y de lo poco que nos pagaban, yo volvía a casa deseando que llegara el día siguiente para volver a trabajar. Era una chiquilla, menor de edad, todas mis compañeras eran mayores y la relación que teníamos era tremenda. Me enseñaban muchísimo, no solo a trabajar en el campo, sino esa picardía que se tiene allí. Siempre abundaban la broma y el cachondeo, para que se te pasara el día lo más rápido posible, lo cual no tiene nada que ver con dejar de trabajar, porque puedes estar hablando y moviendo las manos a la vez.
Hoy en día se ha llegado al punto de que, desde el primer día que llegas a trabajar, te hacen firmar una lista de normas abusivas. En algunos sitios está prohibido hablar con tus propias compañeras de asuntos que no sean del trabajo, y tenemos una captura de las normas de una empresa que lo demuestra. Prohibido escuchar música, ponerte un auricular o la radio, que de toda la vida se ha llevado al campo y que ahora está totalmente prohibida. Llegamos al punto de decir entre compañeras: «ya estamos otra vez aquí en Alcatraz» o «ya estamos otra vez en Guantánamo», hasta el punto de que a algunas empresas se les han llegado a poner nombres de cárceles. Creo que es un síntoma claro de lo que ocurre dentro.
¿Ese cambio en las condiciones de trabajo fue progresivo, o lo asocias a un momento concreto?
Fue progresivo, algo que nos han ido implantando poco a poco. Primero empezaron a venir unos controladores que revisaban tu carro, que no llevaras pendientes ni las uñas pintadas, que no pusieras música en el teléfono, que no te pusieras un casco. Después miraban la fruta: «esta fruta no está bien», «tiene un rasguño», «a este arándano no le has quitado la pelusita». Tres horas mirándola. A la vez, el encargado presionando todo el día, dando voces: «vamos, que habéis recolectado muy pocos kilos». Una presión absoluta. Y cada año nos implantaban normas nuevas. En la empresa donde yo trabajaba empezaron dándonos unas cuantas normas, y el último año que estuve allí había un tocho de papeles enorme que firmar.
Antes te contaba que ayudábamos a las compañeras rumanas porque llegaban reventadas de echar la noche en el manipulado; eso ha cambiado. Hay mujeres mayores, de más de sesenta años, que se han dejado el cuerpo y la espalda en el campo y que no tienen la misma fuerza que una persona joven, y en muchos sitios han prohibido también que se les eche un cable para que no se queden atrás en la lista. Además existe una lista de productividad. Todas tenemos un chip o una tablet, y toda la fruta que vas recolectando va directamente a una oficina en tiempo real, como si tuviéramos un GPS instalado. Al final del día hacen una lista de quien más ha recogido a quien menos, sacan la media, y a las que están por debajo las subrayan; muchas veces la ponen en sitios visibles para humillarte, presionarte, hacer que compitas. El trabajo en el campo se ha convertido en una auténtica competición.
Otra norma nueva: no se puede llevar agua en el carro, para que no vaya a caer una gota en la fruta que alguien en Alemania se va a comer. Mientras tanto, quien está recolectando bajo un invernadero a cerca de sesenta grados tiene que dejar su botella en la entrada y pensárselo dos veces antes de ir a buscarla porque le hace perder tiempo. Con las olas de calor cada vez más frecuentes, hidratarse bien es una necesidad vital. Lo mismo para ir al baño: «no voy ahora porque voy a perder tiempo». Y cuando te das cuenta, es la una de la tarde, has bebido dos veces y no has ido al baño. He visto a compañeras coger cistitis por aguantarse. Es un sistema totalmente perverso, basado en la productividad absoluta.
Las jornaleras trabajan bajo el Régimen Especial Agrario. ¿En qué consiste y cuáles son sus consecuencias para las trabajadoras?
Este es un régimen que casi nadie entiende hoy en día. Se creó hace medio siglo y ya no tiene ningún sentido. Es un régimen distinto al régimen general, en el que los trabajadores del campo estamos totalmente desprotegidos y en desventaja. Para empezar, quien está dado de alta en este régimen es una especie de falso autónomo: la cuota de la Seguridad Social te la pagas tú, no la empresa. ¿Qué ocurre con esto? Que una subida del salario mínimo, como ha pasado aquí, acaba perjudicando a la gente del campo. ¿Por qué? Porque al subir el salario mínimo sube también, a través del IPREM, el sello agrícola. Cuando yo lo dejé, se pagaban menos de cien euros al mes; ahora se pagan casi doscientos.
Para poder cobrar cualquier tipo de prestación también hace falta tener la llamada «peonada», que es simplemente una jornada real de trabajo. Normalmente hacen falta 35, pero en años con problemas climáticos, como este, la rebajan; ahora mismo está en cinco. Pero hay que tenerlas, y además pagar tu cuota. Otro problema importante: es un régimen que permite estar de alta en la Seguridad Social todo el mes, pero solo se cotizan y se apuntan las jornadas realmente trabajadas. O sea, estás de alta el mes entero, pero al final solo tienes tres jornadas reales. Cuando el trabajo en el campo es inestable, porque la fruta no ha madurado o hay una inclemencia meteorológica, el día que trabajas cobras y el día que no trabajas no cobras. Y no puedes solicitar la prestación una vez estás de alta: había que haberlo hecho antes de empezar a trabajar. Es un lío tremendo.
Y encima, si termina la campaña y te vas a trabajar a un hotel en la playa, que está bajo el régimen general, tienes que seguir pagando la cotización agrícola si luego quieres tener acceso a tu prestación del campo. Además, el hotel paga por ti las cotizaciones del régimen general: se cotiza dos veces. Es una ratonera de precarización para la gente trabajadora del campo, siendo nuestro trabajo fundamental para que todo el mundo pueda comer.
Más allá del régimen especial agrario y de las normas de las empresas, ¿podrías darnos ejemplos concretos de los abusos y maltratos más habituales?
Yo he sufrido la explotación toda la vida en el campo, igual que mi madre, mi familia, los vecinos. Sé cómo funciona la cosa. Pero las mujeres que vienen de otros lugares tienen circunstancias todavía mucho más difíciles. Lo entendí perfectamente en 2018, cuando empezamos a protestar y llevaba un tiempo trabajando con una cuadrilla de compañeras marroquíes: ahí me di cuenta de que nosotras ya estábamos en desventaja, y que ellas lo estaban todavía más. Porque vienen de otro país, han dejado a su familia, lo han dejado todo para venir aquí.
El principal problema que encontramos es la barrera del idioma. La burocracia de aquí y entender cómo funciona el sistema jurídico ya nos cuesta a todas, yo a día de hoy sigo aprendiendo, así que imagínate a alguien que no tiene el idioma. Y si sufres algún abuso, ya sea porque pides que te lleven al médico y no te llevan, porque te enfermas y te mandan directamente a Marruecos, o porque has cogido menos kilos de la cuenta y te castigan, no estás con tu familia ni tienes gente alrededor. Las mujeres que vienen con contrato de origen viven donde mismo trabajan, alejadas de los núcleos urbanos, en pinares en medio de los invernaderos. Y encima de no conocer el idioma, no conocen sus derechos.
Y si te mandan de vuelta a tu país, ya sea Marruecos o Colombia, ahí está el verdadero problema: ¿cómo denuncia una mujer desde su país un despido improcedente aquí en Huelva? De eso es de lo que se aprovechan. Siempre hemos escuchado a la patronal decir: «si dicen que hay tantos abusos, ¿por qué no denuncian?». Porque no pueden. No denuncian porque no tienen acceso, y ellos lo saben y se aprovechan de eso.
¿Puedes contarnos más sobre las razones que las llevaron a crear las Jornaleras de Huelva en Lucha y cuáles son sus resultados como organización?
A mí esta pregunta siempre me hace mucha gracia, porque la verdad es que no lo sé, se nos ha ido dando sobre la marcha. Estábamos muy cabreadas. Se nos acercó gente muy bonita que puso sus conocimientos a nuestro servicio para que aprendiéramos, entendiéramos la situación, conociéramos nuestros derechos y supiéramos qué es un sindicato. Con su apoyo, también económico, lanzamos un crowdfunding que nos dio 30.000 euros, gracias sobre todo a una pianista catalana, Clara Peya, que hizo la canción «Mujer Frontera» con Alba Flores y Ana Tijoux. Nos dieron muchísima visibilidad.
Después de haber pasado por algún sindicato con mala experiencia, pudimos empezar a trabajar con nuestra propia autonomía. Desde entonces estamos aquí, tirando de subvenciones privadas muy pequeñitas que vamos aglutinando de aquí y de allá para poder pagar un salario justo a las tres personas que trabajamos aquí: la traductora María, la compañera Tere, que es abogada, y yo.
Al principio era muy complicado. Hemos ido haciendo este trabajo muy de hormiguita: difusión, incidencia política a través de redes sociales, reparto de octavillas. Que la gente sepa que estamos ahí y que las trabajadoras tienen una abogada totalmente gratuita para poder denunciar. Cuando se ha ido creando la confianza, hemos empezado a organizar secciones sindicales. El año pasado, por primera vez, creamos dos: una con compañeras de aquí y otra con compañeras de Marruecos. La delegada sindical era una compañera marroquí de contrato en origen. Algo totalmente novedoso, y muy potente.
Sindicarse en Huelva es muy difícil: la gente va y viene, está la barrera del idioma, viven donde mismo trabajan. Pero poco a poco se va consiguiendo la autoorganización de la gente en las propias empresas. Esa primera sección sindical consiguió toda su reivindicación: el pago del salario mínimo y mejores condiciones de vivienda. Todo esto gracias a que se organizaron en el tajo, con nuestro apoyo.
Otro logro importante: hemos conseguido poner demandas transnacionales desde otros países contra empresas de aquí de Huelva. Ya hemos puesto varias con compañeras que están en Marruecos, por despidos improcedentes. Y este año hemos tenido el primer juicio por una demanda transnacional, y lo hemos ganado. Ni siquiera hemos tenido que llegar a juicio: la empresa reconoció el despido improcedente e indemnizó a la trabajadora. Para cualquier otra persona trabajadora sería algo normal. Para nosotras es un punto de inflexión enorme. Ahora ya no puedes despedir a alguien, mandarla a su país y olvidarte de ella: tiene la opción de denunciar desde allí.
Y por último está el título de nuestro libro, «Abramos las cancelas». Como sindicato no teníamos acceso a la vivienda de las compañeras, dentro de las propias fincas. Gracias a toda la presión que hemos hecho, por fin se han creado leyes que reconocen que los sindicatos tenemos derecho a acceder a esas viviendas, aunque estén dentro de la finca. Hemos conseguido abrir las cancelas. Solo con estas tres cosas, todo el esfuerzo y todo el sufrimiento de esta lucha ha merecido la pena.
¿Cuáles son algunas de las tácticas que os han funcionado?
La táctica prioritaria es buscarle la vuelta al sistema jurídico: cómo hacer para que nuestras compañeras puedan acceder a él pese a la barrera del idioma, o pese a que ya no estén en el país cuando termina la campaña. Todo esto gracias al trabajo espectacular de nuestra abogada, Teresa Ramos Antuñano.
Por otro lado está la presión y la acción sindical directa. Para esto nos han venido muy bien las redes sociales desde el primer momento, son nuestra herramienta principal, y sobre todo la denuncia pública. Los medios siempre preguntan a la empresa: cuántos millones genera el sector, lo bien que funciona la contratación en origen. Pero nunca se habla de los trabajadores, de cómo están, de si se cumplen sus derechos. Por suerte, hoy hay medios que se interesan por nuestra parte de la historia. Publican los abusos que denunciamos, con las pruebas que aportamos: audios, fotos, testimonios, denuncias y respuestas de la Inspección de Trabajo; es nuestra mejor herramienta.
La Inspección de Trabajo cuenta con recursos mínimos: había doce o trece inspectores para toda la provincia de Huelva, para todos los sectores económicos, y en marzo puede haber más de cien mil trabajadores solo en el campo. Una auténtica barbaridad. Si hablamos de denuncias formales, la ley está hecha para el empresario: no tener registro horario se sanciona con una multa de setecientos euros. ¿Qué supone eso para una multinacional del fruto rojo? Absolutamente nada. Por eso lo que mejor nos funciona es la denuncia pública.
También está la ley de debida diligencia, que ya existía en Alemania y que se ha extrapolado a nivel europeo. Establece que a los supermercados que venden un producto del que se demuestre que viene de la explotación laboral o ambiental les puede caer una sanción millonaria. Esto nos ayuda mucho a poder trabajar incluso con los propios supermercados, cuando sabemos a cuál le vende su producto una empresa que sabemos que está explotando a los trabajadores.
¿Y ese cambio de ley lo apoyasteis directamente?
No, nosotras no hemos estado ahí específicamente. Pero lo que siempre nos dice la gente experta es que, al final, este tipo de ley se ha promovido gracias a toda la lucha que llevamos haciendo, junto con otra gente, sobre lo que ocurre en la agricultura desde hace ya mucho tiempo, y por todo lo que se ha movido y ha salido a la luz.
Nuestras compañeras Estefanía Prandi y Pascal Müller llevaron al Parlamento Europeo un informe de una investigación que habían hecho aquí con las mujeres de la fresa, y en el sur de Italia con el tomate, sobre la explotación laboral y sexual de las trabajadoras; lo pusieron en el foco. Hay mucha gente implicada en esta lucha: no somos solo las trabajadoras peleando. Ha venido gente de muchos lugares del mundo a investigar y ha comprobado que lo que denunciamos es verdad; está ahí, escrito.
Toda la presión mediática que se ha hecho ha servido para que al final exista un tipo de ley como esta. Es verdad que se ha recortado muchísimo: al principio iba a afectar a empresas más pequeñas, con menos trabajadores. Pero es algo ganado, y más ahora que en Europa se están dando pasos de gigante hacia atrás, no solo en esto, sino en materia ambiental y en prácticamente todo.
Lamentablemente, gran parte de vuestra lucha parece tener que centrarse en exigir que se cumpla la ley, por muy imperfecta que sea. Pero más allá de eso, ¿por qué cambios estructurales realistas luchas, dados los intereses económicos en juego?
Esto es algo de lo que siempre hablamos con las compañeras, porque pensar en cambios estructurales es pensar muy a lo grande. Pero es verdad que hay gente experta que habla de la necesidad de transitar hacia otros modelos de agricultura, hacia la agroecología. Al contrario de lo que defienden quienes sostienen el sistema actual, que la agroecología no permite producir suficiente, hay estudios que dicen que sí da rendimiento económico.
Lo primero que hay que entender es que no podemos hacer un negocio de la alimentación; lo segundo, que en una tierra de secano no podemos seguir implantando cada vez más hectáreas de regadío. La tierra se agota; el cambio de uso del suelo es uno de los principales problemas del cambio climático a nivel mundial. Y no podemos seguir deforestando para seguir plantando cultivos de regadío.
Como señalan cada vez más informes y artículos, el agronegocio se basa en el petróleo: los fertilizantes dependen del petróleo, y ya vemos lo que significa depender de eso cuando cierran el estrecho de Ormuz, por ejemplo. Las grandes multinacionales se llevan el dinero sin ni siquiera pisar el campo. Y además, las variedades de plantas de fresa tienen una patente de una gran multinacional que no te permite hacer con esa semilla otra cosa que plantarla un año. Al año siguiente tienes que volver a comprar la patente. Un negocio muy perverso que acaba con la soberanía alimentaria de la pequeña y mediana agricultura, y que nos priva del derecho a consumir un producto sano, de cercanía, que no venga de la explotación.
Aquí en Huelva basta con ver el Congreso de Frutos Rojos, donde Bayer-Monsanto aparece en primera plana todos los años. Es un campo de experimentación para ellos: variedades de semillas, fitosanitarios, pesticidas. Y el uso de pesticidas no es muy sano, ni para el producto ni para la gente que trabaja en el campo y se los come todos los días.
¿Y logran dialogar con los empresarios agrícolas más allá de la denuncia legal? ¿Intentan convencerlos no solo con argumentos legales y éticos, sino también económicos?
Es muy difícil dialogar con las empresas más allá de la acción sindical directa; a la patronal es difícil que nos escuche. Llevamos tiempo intentando, con UPA, la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores de Huelva, tender puentes, y se niegan en redondo. Voy a ser sincera: no creo que UPA no quiera trabajar con nosotras, sino que este modelo del agronegocio los esclaviza, y están dentro de ese círculo sin opción a salir a no ser que hagan un cambio radical de modelo. Nos cuesta trabajo, pero pensándolo bien, este modelo tampoco tiene sentido económicamente a largo plazo, ni siquiera para ellos.
Los que operan aquí en la provincia de Huelva son cada vez más grandes empresas, fondos de inversión, grandes multinacionales que llevan toda la vida haciendo lo mismo: vienen, exprimen todos los recursos y se van a otro sitio. Es el funcionamiento del capitalismo neoliberal. Por eso creemos que tenemos que trabajar de verdad con la gente pequeña que quiere hacer otros modelos, que está fuera de todo eso. Con la gente que está dentro, es imposible.
El trabajo en el campo, en este contexto de agricultura industrial, tiene repercusiones importantes en la salud de los trabajadores en general, pero más específicamente en la de las mujeres. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este tema a partir de tu experiencia?
Imagínate un día en el campo con la regla, y todo el día escuchando «venga, vamos, vamos», y encima ese día tu cuerpo te dice que no puedes. Me acordaba de que este año, en el Congreso de los Frutos Rojos, dieron una charla sobre salud femenina hablando de la menstruación y de lo bueno y sano que es el fruto rojo, en concreto el arándano, para la salud de la mujer. Y digo yo, qué gracia, cómo hacen toda esa publicidad para ponerlo bonito, lo buenos que son los arándanos. ¿Por qué no cuentan que, para no bajar en la lista de productividad, hay veces que ni van a cambiarse la compresa? Vamos todo el día corriendo, recolectando, y ni siquiera te da tiempo a ir al baño. Si un día recoges dos o tres cajas menos porque estás con la regla y tu cuerpo está más bajo de fuerzas, ese día no lo tienen en cuenta para nada: bajas en la lista de productividad, y en algunas empresas te puede caer hasta un castigo de empleo y sueldo. Y sin embargo, luego hablan del cuidado de la salud femenina en ese tipo de congresos gracias al fruto rojo. Es curioso, ¿no?
Es un poco lo que también estudia Seth Holmes, antropólogo y médico que entrevisté en otro episodio. Es muy interesante lo que mencionas para poner el foco en el impacto específico sobre la salud femenina de las trabajadoras. Pero más allá de mejorar las condiciones de las jornaleras en el contexto actual, ¿cuál es el futuro realista que ves para la agricultura en Huelva, teniendo en cuenta que la demanda de frutos rojos sigue creciendo en Europa?
Hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes: a las grandes multinacionales y a los fondos de inversión nuestro territorio les da igual, no les importa. Y hay que tener en cuenta también que los recursos son limitados: el agua es limitada. Llegará un momento en que una industria basada en el petróleo y en muchísima cantidad de agua se quede aquí sin agua. Va a ser así de claro. De hecho, los científicos dicen que Doñana no se recupera, y de ahí sale gran parte de esta agua. Siguen existiendo montones de cultivos con pozos ilegales.
Aquí tenemos la opción de parar esto e intentar transitar hacia otros modelos que no acaparen el agua, que traten a la naturaleza de otra manera y que incluso consigan regenerar todo lo que hemos perdido hasta ahora. La otra opción es que acaben con todo, nos dejen el territorio destruido, sin agua en los pueblos, y se vayan a otro sitio a hacer lo mismo, como llevan haciendo siglos en países africanos, latinoamericanos, en Asia.
Más allá de esta transición agroecológica, también hay que fomentar alternativas laborales. Hay algo que siempre nos ronda la cabeza: recuperar el trabajo en la sierra y en el monte. Aquí antiguamente se trabajaba en nuestra sierra, tenemos nuestra maravillosa «Pata del Caballo», y casi toda Huelva es rural. Hay muchos lugares donde se podría recuperar y ampliar este trabajo: regenerar, cuidar, hacer esta limpieza. Fíjate en el incendio que acaba de haber aquí, casi cinco mil hectáreas quemadas; hace unos años, en Almonaster la Real, fueron más de treinta mil, y el incendio de Doñana fue también una auténtica barbaridad. Este tipo de trabajo, hecho en invierno antes de que llegue el verano, evita que luego, cuando se da un fuego, el monte sea gasolina.
Creemos que este tipo de alternativas laborales se deberían gestionar desde los propios municipios, con condiciones dignas y el salario mínimo. Eso también te daría otra opción cuando en otro sitio te quieran explotar: no tendrías por qué aguantarte y callarte la boca como pasa ahora. Por ahí va la cosa: recuperar el trabajo de prevención de incendios y de cuidado de la naturaleza, y transitar poco a poco hacia la agroecología. La alternativa que proponemos no es tan utópica; se puede plantear perfectamente.
El discurso oficialmente «pro-migrante» del gobierno actual es celebrado por una parte de la izquierda fuera de España. ¿Cuál es la realidad detrás de ese discurso, y cuáles son sus límites?
Tengo que decir algo fundamental: la regularización extraordinaria de personas migrantes no ha salido del gobierno, y mucho menos del Partido Socialista, que es precisamente el promotor de esta migración circular, la contratación en origen, que es perversa y se aprovecha de gente que está mal en otros países para traerla aquí a explotarla sin posibilidad de denunciar. La regularización se logró porque las compañeras y compañeros de «Regularización Ya» llevan muchos años luchando, y hemos apoyado en lo que hemos podido. Era una de nuestras principales reivindicaciones.
Dicho esto, desde nuestro sindicato creemos que no podemos hablar solo de regularización y quedarnos ahí, ni mirar a las personas migrantes solo porque suben las arcas públicas o porque las necesitamos económicamente. La libertad de migrar debería ser algo normal. Antes nadie se planteaba siquiera si emigrar debía ser un derecho: la gente iba de un lado a otro y ya está, ibas donde había comida, donde había agua. La imposición de fronteras ha sido uno de los cánceres de la humanidad.
Pero más allá de esto, sí creemos que la regularización era fundamental, y que no ha sido mérito de Pedro Sánchez ni del PSOE, sino del movimiento «Regularización Ya» y de todos los colectivos antirracistas que han dado esta batalla desde el primer momento. ¿Qué pasa cuando alguien llega aquí sin papeles? Venta de contratos de trabajo por hasta diez mil euros para poder regularizarse; mafias que venden el empadronamiento por hasta mil euros, porque los ayuntamientos se niegan a empadronar y saben que es un requisito imprescindible. Te tienen trabajando gratis tres años con la promesa de los papeles, y a los tres años te dan una patada y te quedas sin papeles y sin nada. Y encima el chantaje: «me han dicho que estás protestando mucho; si no te interesa, coge la puerta, que tengo a tres mil personas que lo van a hacer por la mitad de dinero y no van a protestar». Que haya gente sin papeles no beneficia a nadie de la clase trabajadora, porque se usa para amenazarte.
Por eso pensábamos que la regularización debería ser una prioridad para toda la clase trabajadora. Estamos contentas de que se haya aprobado, pero ha costado muchísimo. No es una medallita que se tenga que colgar el gobierno: la gente la ha luchado en la calle, se recogieron más de seiscientas mil firmas y «Regularización Ya» se organizó de manera impecable. Migrar es un derecho y no se debe instrumentalizar a la gente. Pero lo ideal sería abolir la Ley de Extranjería, para que nadie tenga que pasar dos o tres años sin papeles sin poder hacer lo que realmente quiera. Si quieres venir aquí a vivir, deberías poder hacerlo, igual que yo podría irme a otro país si quisiera.
Gracias por darnos este contexto tan necesario. Ocurre a menudo que algunos gobiernos cuidan muy bien su imagen a nivel internacional, pero no hay que olvidar que detrás de los discursos la realidad puede ser muy diferente, y que detrás de estos avances sociales hay una lucha muy intensa sobre el terreno. Al final, no importa quién llegue al poder: esta lucha siempre será necesaria.
Es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una especie de referencia progresista, en comparación con lo que se está dando en Occidente. Pero no hay que dejar de ver todo lo que hay detrás. Ha habido apoyo del gobierno a Gaza y a Palestina, y enfrentamiento con Israel; pero por detrás seguimos vendiéndoles armas de alguna manera. Mientras se apoya a Palestina, se ha abandonado totalmente al pueblo del Sáhara Occidental, entregándoselo a Marruecos. Eso ha sido vergonzoso. Y la masacre de la valla de Melilla fue con el gobierno más progresista del Estado español. La migración circular y la contratación en origen las está promoviendo ese mismo gobierno. Así que no es oro todo lo que reluce.
En medio de estas luchas tan difíciles, ¿cómo encontráis tú y tus compañeras la motivación y la alegría en la lucha social y el activismo para poder seguir avanzando?
Es verdad que podemos decir que hacemos esta lucha con alegría y con rabia, una mezcla rara, y sobre todo con mucho orgullo de reivindicar la figura de los trabajadores del campo, fundamental para que la gente pueda comer, y de luchar contra quienes nos explotan. Que un grupo de trabajadoras haya conseguido organizarse y llegar hasta donde estamos llegando ya supone para nosotras la principal alegría.
Es verdad también que tratamos mucho los problemas desde el humor, desde la sátira. Creo que basta con echar un vistazo a nuestras redes sociales para ver cómo nos relacionamos. Siempre hacemos del humor nuestra mejor herramienta para resistir. Desde que no trabajo en el campo, desde 2018, cuando se me cerraron todas las puertas y empecé a dedicar mi vida a esta lucha sindical, una de las cosas que más echo de menos es a mis compañeras, mi gente de cuadrilla, el cachondeo que nos quisieron quitar y que fue precisamente lo que más me cabreó personalmente y me animó a denunciar. Eso ahora lo trasladamos al equipo de trabajo. Tengo un equipo fantástico y maravilloso, y nos cuidamos mucho. Con la gente con la que trabajamos también tenemos esa relación.
El otro día, en el Congreso Agromig, fuimos a visitar uno de los asentamientos chabolistas de la provincia. Nos invitaron a merendar y a contarnos su problemática. Repartí algunas octavillas y los chavales que estaban allí flipaban: «¿tú cuánto tiempo dices que te has llevado en el campo? ¿Dieciséis años? ¿Cómo has aguantado tanto?». Se creó ahí una complicidad de cachondeo. Una persona que probablemente había llegado en patera, de un país del continente africano, me preguntó: «¿tú dónde has trabajado?». Y le dije: «yo en Alcatraz, ¿la conoces?». «¡Buah, que sí la conozco!». Y nos íbamos diciendo los nombres chungos que le ponemos a las empresas por cómo tratan a los trabajadores. Nos entendíamos perfectamente, y él también se lo tomaba con humor. Hemos hecho de la propia explotación una forma de resistir con humor. Eso mismo lo trasladamos ahora a nuestro sindicato, y sobre todo eso: cuidarnos mucho entre compañeras y entender bien en qué posición está cada una, para poder llevar la lucha lo más igualitaria posible.
¿Cómo podemos, como consumidores, mostrar una solidaridad concreta con las trabajadoras?
Este es un tema complejo, porque ha habido mucho revuelo con el tema del boicot al fruto rojo. Hace poco, por el tema ambiental de Doñana, un grupo de consumidores alemanes promovió un boicot. Desde Jornaleras de Huelva en Lucha no podemos apoyar ningún tipo de boicot mientras no haya alternativas laborales, porque desgraciadamente ahora mismo es lo único que tenemos, y hay que entender las realidades de cada territorio.
Pero sí se nos puede apoyar de otras maneras: conociendo nuestra lucha y difundiéndola, acercándote, compartiendo los saberes de cada una. Eso para nosotras ha sido fundamental. Gente que nos dice: «oye, yo sé hablar árabe, si en algún momento lo necesitáis con urgencia, llamadme, contad conmigo». Otra persona que nos dice: «oye, si necesitáis algún escrito, algún informe, ahí estoy». Y también apoyarnos económicamente, no lo vamos a negar, mucha gente nos hace donaciones puntuales. Eso nos da muchísima fuerza para poder hacer la presión sindical.
¿Qué recomendaciones darías a nuestros oyentes que quieran profundizar en el tema?
Uno para empezar: me lo estoy leyendo ahora mismo y me está pareciendo fundamental para entender todo lo de antes de que yo empezara a trabajar en el campo. Es el libro «Historia, trabajo y territorio: el conflicto capital-vida en los campos de fresas de Huelva», de la antropóloga Alicia Reigada Olaizola. Para mí es una obra prioritaria sobre el sector, igual que todos los informes de Alicia Reigada, Juanma Moreno y Emmanuel Elliott. También recomiendo «Las señoras de la fresa: la invisibilidad de las temporeras marroquíes en España», de Chadia Arab, y el documental «Lo invisible, esclavitud moderna en Europa», de Sven Rufer.
En nuestra página web tenemos recogido el informe «Abramos las cancelas» de la Brigada Feminista, que entregamos a la OIT, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Igualdad, y que fue clave para conseguir abrir las cancelas. Fue un trabajazo enorme: vino gente de todas partes del mundo, del periodismo, del activismo, documentalistas, juristas, y ahí creamos esta brigada feminista, que hasta hoy ha sido de lo mejor que nos ha pasado; de hecho, a nuestra abogada actual la conocimos en esta brigada. En nuestras redes sociales y en nuestra página web también hay muchísimo material.
Hay un documental que se llama «La fresa amarga», de los compañeros de la CGT de Sevilla, que cuenta la historia de la gente que en los años dos mil empezó a malvivir en asentamientos chabolistas en Huelva, en aquella época hombres de Marruecos y de África subsahariana. Cómo se organizaron para intentar que se les regularizara y tener derecho a una vivienda digna, cómo se encerraron como trabajadores del campo en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Fueron traicionados por el Defensor del Pueblo, por la rectora de la universidad, por todo el mundo, y acabaron deportados cada uno a su país. Ese documental explica muy bien cómo, tras aquel escarmiento, la lucha en los asentamientos se desorganizó, y cómo desde entonces se empezó a traer mano de obra femenina a los campos de Huelva. Desde entonces se han organizado pocas protestas más en los asentamientos chabolistas.
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